Más de la mitad de los fisioterapeutas de nuestro país que han resultado agredidos durante su trabajo no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de la administración pública o empresa sanitaria privada para la que desarrollan su labor. Un porcentaje que se “desploma” hasta el 1,9 por ciento si se trata de ayuda psicológica especializada.
Así se desprende de la encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería, SATSE, a cerca de 1.400 fisioterapeutas de todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, para hacer una “radiografía” actualizada sobre el grave problema de la violencia en el ámbito sanitario que se sufre en el conjunto del Estado.
Según se desprende del estudio realizado por la organización sindical, las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas no desarrollan ninguna actuación o medida de apoyo al fisioterapeuta que ha sido agredido, ya sea física o verbalmente, por un paciente, familiar o allegado en más del 56 ciento de los casos.
Asimismo, más del 75 por ciento de los profesionales de Fisioterapia consultados afirma no tener la información y formación necesaria para afrontar una agresión en su desempeño laboral y cerca del 50 por ciento considera que su centro de trabajo no dispone de los medios y medidas necesarias para evitar los episodios de violencia hacia los profesionales.
“Si ya resulta muy duro lidiar con las consecuencias que conlleva una agresión a nivel físico, psicológico y emocional, según el caso, el hecho de no contar con el apoyo inmediato y permanente de los responsables del profesional agredido agrava aún más un proceso en el que necesita toda la información, asistencia y asesoramiento posible”, apuntan desde la organización sindical.
SATSE recuerda que, según esta encuesta, la mitad de las profesionales de Fisioterapia consultados ha sufrido alguna agresión, ya sea física (empujones, retenciones involuntarias, puñetazos…) o verbal (amenazas, vejaciones, insultos…) a lo largo de su vida laboral por parte de pacientes y/o familiares, y más del 60 por ciento ha sido en más de una ocasión.
Ante esta lamentable realidad, un 94 por ciento de los profesionales consultados por la organización sindical reclama una Ley estatal que luche contra las agresiones en los centros sanitarios y sociosanitarios del conjunto del Estado con la finalidad de crear un estrategia de actuación conjunta, coordinada y eficaz para acabar con este grave problema.
Una opinión compartida por SATSE que presentó antes de la pandemia una propuesta de norma al conjunto de administraciones públicas y partidos políticos y que, finalmente, ha sido tenida en consideración por el PP que en fechas recientes ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley que recoge la mayoría de las actuaciones propuestas por el Sindicato.
Por último, la encuesta del Sindicato de Enfermería concluye que cerca del 60 por ciento de los profesionales agredidos no denuncia lo sucedido, y lo argumenta poniendo de manifiesto su falta de confianza en la respuesta del sistema. En concreto, casi cuatro de cada diez de los fisioterapeutas piensa que la notificación del episodio de violencia sufrido no sirve para nada.
