El Sindicato de Enfermería, SATSE, y el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España han reclamado al ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, la integración de los profesionales de Fisioterapia en las Unidades Activas de Ejercicio Físico contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, como uno de los proyectos destinados a fomentar de forma segura e inclusiva la práctica de la actividad física y el deporte para la salud (AFBS).
En una carta remitida al ministro de Cultura y Deporte, tanto el presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, Gustavo Paseiro, como el del Sindicato de Enfermería, Manuel Cascos, le trasladan su disconformidad con la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deporte, por la que se ha publicado en el BOE, de fecha 18 de julio, el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte, de 9 de mayo de 2022, relativo a la distribución territorial y criterios del reparto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y más concretamente, en lo referido a la mejora de la resiliencia, accesibilidad y eficacia de los sistemas de salud y atención y su preparación para situaciones de crisis, promoviendo de forma segura, sostenible e inclusiva la práctica de actividad física y el deporte para la salud (AFBS), para toda la ciudadanía, denominado “Deporte Seguro. Saludable e Inclusivo”.
El rechazo del Consejo General y SATSE se debe a que no se ha contado con la figura de los fisioterapeutas de Área que desarrollan su labor en Atención Primaria para integrar las Unidades Activas de Ejercicio Físico cuando estos profesionales sanitarios deben aportar su amplia experiencia para dotar a este proyecto de garantías muy beneficiosas para sus futuros usuarios/as.
“Queremos pensar que este olvido se debe más a un error que a una actuación deliberada para excluir a los profesionales de Fisioterapia, dado que este acuerdo ha sido adoptado por la Conferencia Sectorial del Deporte en la que los consejeros/as que participan solo tienen competencias en el ámbito deportivo y no en el sanitario, lo que explicaría el desconocimiento demostrado en la adopción de un acuerdo por el que se pretende la aplicación de ejercicio terapéutico como tratamiento en población con patologías por parte de los profesionales de la actividad física y el deporte, sin competencias para ello”, afirman.
Al respecto, SATSE y el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas recuerdan que las competencias que la Ley de Ordenación de las Profesiones sanitarias reconoce a los fisioterapeutas son las de prestación de procedimientos terapéuticos dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así como a la prevención de las mismas.
Por ello, apuntan que la integración de los fisioterapeutas en estos equipos garantiza la prevención e intervención sobre patologías y posibles lesiones sufridas durante el desarrollo del programa de ejercicios y aporta una asesoría experta complementaria que traslada recomendaciones importantes a los educadores físicos deportivos en cuanto al grado de actividad necesario y/o tolerable para cada usuario/a, así como la definición de posibles riesgos y limitaciones que pueda presentar la persona, en el momento de su alta sanitaria y en función de su situación clínica.
En este sentido, el Consejo General y SATSE recalcan que la integración de los fisioterapeutas en el equipo de profesionales sanitarios preconstituido (enfermeras y médicos), optimizará los resultados sin aumentar los costes y servirá para cerrar el círculo de la atención, tomar decisiones colegiadas de gran calidad y poder resolver dentro de estas unidades todos los problemas relacionados que puedan surgir para lograr el objetivo final de mejorar la salud a través del ejercicio físico.
Por todo ello, el Sindicato de Enfermería y el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas solicitan al ministro que se modifique el texto de la resolución publicada al respecto y se recoja finalmente la integración de los fisioterapeutas junto al resto de profesionales sanitarios. En caso contrario, SATSE y el Consejo General se verían obligados a iniciar el procedimiento de impugnación y posterior acceso a la vía judicial, aunque confían en que no resulte necesario y que el Ministerio sea consecuente y razonable al reconocer algo que es justo y beneficioso para el conjunto de la ciudadanía.
