El Sindicato de Enfermería, SATSE, emprenderá una nueva estrategia de presión institucional y política para que las enfermeras y fisioterapeutas de la Sanidad Pública de nuestro país recuperen lo que se les hurtado desde 2010 por el recorte de parte de sus pagas extraordinarias, y que supone unos 7.500 euros por cada profesional.
SATSE recuerda que el Gobierno decretó en junio de 2010 que las retribuciones de los empleados públicos sufrieran una reducción del 5 por ciento en términos anuales, que en el caso de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas fue de casi el 7 por ciento, y, además, impuso un grave recorte en sus pagas extraordinarias.
Las enfermeras y fisioterapeutas dejaron de percibir un 27 por ciento de la cuantía total de cada una de las dos pagas extraordinarias que reciben cada año. En concreto, perdieron más de 300 euros ese año 2010 y 600 euros el año 2011 y los sucesivos, llegando a una cuantía total hasta la fecha de unos 7.500 euros por cada profesional afectado.
“Las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de la Sanidad Pública de nuestro país vienen padeciendo desde 2010 las consecuencias de una crisis económica que no provocaron y, doce años después, siguen sufriendo distintos recortes que han perjudicado gravemente su economía familiar y su nivel de vida. Se ha producido un retroceso en sus derechos y condiciones laborales que les ha situado 25 años atrás”, apuntan desde la organización sindical.
Al respecto, SATSE subraya que el recorte en las pagas extraordinarias y los salarios ha conllevado que la situación económica de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de la Sanidad Pública haya ido empeorando progresivamente con el paso de los años, provocando una pérdida de poder adquisitivo que ha ido aumentando hasta superar el 30 por ciento. “Se ha secuestrado parte de su legítimo y merecido reconocimiento salarial”, agrega.
“Mientras la vida se ha ido encareciendo, llegando a niveles nunca vistos en la actualidad, su labor asistencial y de cuidados no se ha visto en modo alguno reconocida salarialmente como debería por el conjunto de administraciones públicas. No es admisible que sigan sin cobrar íntegras las pagas extraordinarias, a pesar de que la ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario y otras normas siguen regulando que las pagas extraordinarias se percibirán completas”, afirma.
En este sentido, el Sindicato de Enfermería recalca que los sucesivos gobiernos, lejos de acabar con una situación de inaceptable y tremenda injusticia, la han perpetuado en el tiempo y la mantienen en unos momentos, como los actuales, donde el coste de la vida se encarece por momentos, con una inflación “galopante” y precios “desorbitados” en la cesta de la compra, carburantes, electricidad, calefacción, y otros suministros básicos.
“Doce años de agravios sin justificación, recortes progresivos e indiscriminados y una sucesión de promesas sin cumplir y medias verdades por parte de los responsables públicos y políticos han llevado al conjunto de profesionales de la Sanidad Pública, y especialmente a las enfermeras y fisioterapeutas, a una situación insostenible que no puede mantenerse más en el tiempo”, asegura.
Por ello, SATSE exige al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez que se realicen las modificaciones legales y normativas que correspondan para poner fin al recorte que sufren en las pagas extraordinarias de estos profesionales, y que, a partir de ahora, sean abonadas en su totalidad. Algo que debería plasmarse de manera inmediata en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), apunta.
Además, y de forma paralela, el Gobierno debe comprometerse a propiciar la recuperación de la cuantía económica que han ido perdiendo con el paso de los años y que alcanza los 7.500 euros por cada profesional afectado. “Tiene que devolver lo que les corresponde en justicia por toda su labor, dedicación y esfuerzo, ni un euro más pero tampoco un euro menos”, añade.
La nueva estrategia de actuación del Sindicato de Enfermería conlleva, además de propiciar reuniones y encuentros con responsables de administraciones y partidos políticos, la recogida de firmas de los profesionales afectados, la remisión de escritos a instancias europeas y nacionales, la distribución de material informativo (cartelería) en los centros sanitarios y distintas acciones en comunicación offline y online.
