El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado ante las ministras de Sanidad, Carolina Darias, y Función Pública, Maria Jesús Montero, que la clasificación profesional en los subgrupos A1 y A2 es arbitraria, injusta e inaceptable, por lo que les reclama que el Gobierno realice la modificación normativa necesaria para acabar con esta discriminatoria realidad que perjudica y dificulta el desarrollo profesional de las enfermeras y fisioterapeutas de nuestro país.
En sendas cartas a las ministras del Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, detalla pormenorizadamente todos los argumentos que justifican la urgente necesidad de que se modifique el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para suprimir la subclasificación existente dentro del Grupo A, el A1 y el A2, y mantener un único Grupo A, en el cual tienen que estar las enfermeras y fisioterapeutas.
Al respecto, SATSE recuerda que, desde el momento de entrada en vigor del EBEP, en 2007, y hasta la actualidad, se ha mantenido vigente la anterior clasificación estableciéndose la equivalencia entre los antiguos grupos y los nuevos, con carácter transitorio a través de la Disposición Transitoria 3ª. Algo que está sirviendo para que se perpetúe la antigua diferenciación existente entre licenciados y diplomados universitarios al encuadrarlos de manera automática en los subgrupos A1 y A2, respectivamente, explica.
El hecho de que las enfermeras y fisioterapeutas permanezcan en el subgrupo de clasificación profesional A2, dentro del Grupo A, afecta muy negativamente a su desarrollo y avance profesional, ya que supone una “barrera infranqueable” a la hora de querer acceder a puestos relacionados con la gestión y dirección de alto nivel, como las gerencias de áreas y centros sanitarios, por ejemplo, o a grupos de investigación y docencia, según SATSE.
Una injustificable realidad, recalca, que, paradójicamente, no afecta a otros profesionales sanitarios y trabajadores de la administración pública que también son titulados universitarios de Grado y tienen 240 créditos ECTS, al igual que las enfermeras y fisioterapeutas, pero que sí están incluidos en el subgrupo A1, caso de los físicos, biólogos, psicólogos, economistas, abogados y periodistas.
El Sindicato considera que no es ajustado a derecho que títulos oficiales universitarios de Grado, que cuentan con un plan de estudios de 240 créditos, se adscriban automáticamente al subgrupo A1 o A2, obviando los criterios de clasificación a tal fin impuestos por el artículo 76 del EBEP (responsabilidad de funciones y características de las pruebas de acceso) solo por el mero hecho de que las titulaciones concretas fuesen antes una diplomatura o una licenciatura.
“La falta de voluntad política de asumir el reto que exige implantar la nueva clasificación de la función pública, ajustada a la evolución que ha experimentado el sistema educativo, al proceso de reordenación de los títulos universitarios y al desarrollo competencial experimentado por algunas profesiones está consolidando en miles de empleados públicos una situación profesional sin el preceptivo sustento legal”, apunta Cascos en las cartas.
Otro argumento que el presidente de SATSE traslada a las ministras de Sanidad y Función Pública es que esta irregular situación afecta a miles de titulados universitarios con un Grado de Enfermería, profesión formada por mujeres en un 85 por ciento, por lo que se ahonda la brecha existente respecto a colectivos mayoritariamente masculinos, al dificultar su desarrollo profesional y el acceso a los puestos de gestión, dirección y liderazgo sanitario.
