El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado al Gobierno que parte del dinero que pretende recaudar con los nuevos impuestos a la banca y empresas energéticas, ante la inflación galopante que sufre nuestro país, se destine a mejorar la sanidad pública y al reconocimiento retributivo de sus profesionales con un incremento mínimo anual del 8,5 por ciento.
SATSE viene demandando desde 2018 un incremento retributivo anual superior al 6 por ciento, como ahora plantean otras organizaciones sindicales, para paliar en parte la grave pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo desde 2010 los profesionales de la sanidad pública, especialmente las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas. En la actualidad, y con una inflación que supera ya los dos dígitos, el Sindicato cree que el aumento debe ser del 8,5 por ciento al ser “más necesario que nunca”.
“Qué mejor uso se pueda dar al dinero de los impuestos a la banca y a las empresas energéticas que destinarlo a la mejora de la Sanidad pública y de las condiciones de sus profesionales”, apunta.
“Coincidimos en que la inflación se ha convertido en el principal problema de la gran mayoría de los hogares españoles y, por ello, reclamamos al Gobierno, como venimos haciendo desde hace años, que mejore, con el dinero que recaudará vía nuevos impuestos, las economías familiares de miles de profesionales que siguen sin ser reconocidos retributivamente como se merecen en base a un trabajo que no entiende de días, noches, festivos o fines de semana”, apuntan desde la organización sindical.
El Sindicato recuerda que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas del sistema sanitario público de nuestro país vienen sufriendo, desde el recorte salarial del 5 por ciento impuesto en 2010 por el Gobierno estatal, una progresiva pérdida de poder adquisitivo que alcanza el 30 por ciento, mientras que su salario base es de unos 1.200-1.300 euros al mes de media.
En este sentido, el Sindicato de Enfermería subraya que el incremento del 2 por ciento que se acordó el presente año para el conjunto de trabajadores de la sanidad pública es “absolutamente insuficiente y cicatero” en un contexto como el actual en el que el “desacoplamiento” entre los salarios y la inflación sigue agudizándose mes a mes. El pasado mes de junio se incrementó el Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta el 10,2%, su nivel más alto en 37 años.
El Sindicato de Enfermería asegura, además, que el conjunto de partidos políticos se comprometieron en julio de 2020, en el seno de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país en el Congreso de los Diputados, a “establecer instrumentos de gestión de recursos humanos y modelos retributivos suficientes que incentiven adecuadamente a los profesionales sanitarios y garanticen un nivel de vida digno”.
Transcurridos ya dos años, añade SATSE, este compromiso no ha sido abordado ni debatido por las instituciones públicas, con lo que se mantiene una injusta e inaceptable situación para unos profesionales que sufren jornadas de trabajo extenuantes, doblajes de turnos, ausencia de descansos, incluso en los días libres, contratos precarios y cambios permanentes de unidad y servicio en los hospitales, entre otras penosas e inaceptables condiciones laborales.
“Los profesionales sanitarios están cada vez más hastiados y desencantados al constatar que nada de lo prometido y comprometido en lo peor de la pandemia se está haciendo realidad mientras ellos y ellas siguen enfrentándose día a día, a una sobrecarga y tensión asistencial tremenda, además de a los numerosos riesgos y peligros de todo tipo inherente a su trabajo”, resaltan desde SATSE, concluyendo que esta grave situación de precariedad ha provocado la emigración de más de 8.000 enfermeras en los últimos años a otros países.
