La Audiencia Pública en el Parlamento Europeo, que abordará los problemas y necesidades de las enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios, se celebrará en enero de 2024.
Esta Audiencia Pública es una iniciativa de SATSE, que viene realizando gestiones con europarlamentarios de diferentes partidos políticos desde hace meses con el objetivo de que se trate en la Unión Europea el déficit crónico de enfermeras que existe en nuestro país y en otros Estados miembros.
Un asunto que ha sido tratado en la reunión de la Comisión de Expertos en Servicios de Salud de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), que preside SATSE, con el objetivo de acordar los pasos a seguir para que esta Audiencia Pública reúna a expertos y profesionales que analicen de manera conjunta la situación actual de los profesionales sanitarios y se propongan las actuaciones necesarias para mejorar sus condiciones de trabajo.
En la Comisión de Expertos de Servicios de Salud de CESI se acordó también un posicionamiento conjunto en el que se exige a la UE y a los Estados miembros que mejoren los niveles actuales de personal sanitario.
Entienden que deben existir unas directrices europeas mínimas respecto a las cuotas de profesionales sanitarios por paciente para garantizar una mejor atención a los pacientes y reducir la mortalidad.
Según datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en Europa hay un déficit de 2,3 millones de enfermeras. Por ello, insisten en que resulta prioritaria una estrategia dirigida a mejorar esta situación.
Mayor inversión pública
CESI, confederación con más de 40 organizaciones sindicales de más de 20 países europeos, reclama también un incremento del gasto público destinado a sanidad con el objetivo de garantizar unas condiciones laborales adecuadas para los profesionales.
Según CESI, hay que garantizar el acceso a equipos de protección, formación y tecnología y también a todos los recursos y medios necesarios para desempeñar su trabajo en las mejores condiciones.
Hasta la fecha y con mucha frecuencia, los niveles de inversión pública son inadecuados para garantizar unos servicios asistenciales de alta calidad, disponibles y accesibles, apunta.
La Comisión de Expertos considera también necesario garantizar medidas para reducir los riesgos psicosociales de los profesionales.
Las deficientes normas de salud y seguridad en el trabajo, la sobrecarga laboral y el escaso reconocimiento de su valor, especialmente después de la pandemia del COVID-19, han tenido efectos adversos en la salud mental de los trabajadores.
Muchos profesionales han sufrido un desgaste profesional, COVID persistente u otros trastornos relacionados con el estrés. CESI considera que deben de estar disponibles vías de recursos efectivas para este tipo de situaciones, incluyendo el reconocimiento de los efectos de la COVID persistente.
Evitar la emigración de profesionales debido a unas precarias condiciones laborales y mejorar las condiciones de atracción y retención de personal es otra prioridad para CESI, al igual que abordar las desigualdades de género y la falta de transparencia salarial en el sector sanitario, ocupado de manera predominante por mujeres.
Es necesario que haya más mujeres representadas en puestos de liderazgo o de toma de decisiones, y posibilitar una mejor conciliación de la vida familiar y profesional, afirma.
